El destino de los recursos de INJUPEMP muestra una asignación particular entre la administración pública y la banca privada. Al revisar el desglose del Fondo de Capitalización Colectiva hasta el 30 de junio de 2026, salta a la vista la ausencia de bancos estatales entre las entidades financieras, frente a la presencia de siete bancos privados que concentran acciones, certificados, deuda subordinada o bonos. En cuanto al sector público, su peso se evidencia a través de los títulos emitidos por la Secretaría de Finanzas.
La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en el cual la institución detalló sus colocaciones financieras a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción por L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el reporte difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la conformación de la cartera, distinguiendo los activos estatales de aquellos asociados al sistema financiero privado, con particular énfasis en Banco Ficohsa, perteneciente a Grupo Ficohsa.
¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?
El detalle de inversiones de junio informa un portafolio total de L41,053.8 millones. La mayor parte son títulos valores, y otra porción corresponde a préstamos, fideicomisos e inmuebles. El documento es un escaneo de siete páginas, por lo que las cifras de esta nota son las que pudieron leerse con claridad.
| Concepto | Monto al 30 de junio de 2026 |
| Total del portafolio | L41,053.8 millones |
| Títulos valores en lempiras | L24,416.5 millones |
| Títulos valores en dólares | USD 266.1 millones (L7,116.7 millones convertidos) |
| Bonos del Gobierno en lempiras | L19,309.5 millones |
| Otros instrumentos: préstamos, fideicomisos e inmuebles | L9,520.6 millones |
Según los totales del documento, los bonos del Gobierno en lempiras equivalen a alrededor de cuatro quintas partes de los títulos en lempiras. Esa proporción es una lectura de los totales, no una cifra que publique el instituto.
¿Aparece algún banco estatal entre las inversiones de INJUPEMP?
Dentro de los registros accesibles del documento no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca pública, tales como Banadesa o Banhprovi. Por medio de la Secretaría de Finanzas, el Estado funge como emisor, respaldándose en bonos del Gobierno de Honduras tanto en lempiras como en dólares.
Para comprender la cartera, resulta clave distinguir los elementos: los títulos públicos corresponden a obligaciones del Estado y no a colocaciones en entidades financieras. Por otro lado, las instituciones bancarias privadas actúan como emisoras de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. Asimismo, el conjunto abarca bonos empresariales, instrumentos estructurados y títulos accionarios de compañías ajenas al sector bancario.
En dólares, los bonos del Gobierno suman USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones invertidos en títulos en moneda extranjera, alrededor de una cuarta parte. El resto corresponde a otros emisores, entre ellos certificados en dólares de Banco Atlántida.
¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?
El documento identifica siete bancos privados del sistema:
- Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
- Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
- Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
- BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
- Banrural: acciones por L160 millones.
- Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
- Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.
Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una inversión en deuda subordinada de L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con una tasa de 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento omite si se llevó a cabo su renovación.
Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.
¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?
Aunque los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, han provocado un marcado interés entre los cotizantes. Según el informe, esta cifra representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Asimismo, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse la información, dichos L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallarse el rumbo de este capital.
Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, mediante abonos semestrales a contar de junio de 2027. Dicha rentabilidad y su pauta de reparto facilitan una comprensión más cabal de los atributos de la colocación y del sitio que ocupa en el fondo patrimonial de la institución.
¿Quién supervisa la asignación de recursos en la banca pública y privada?
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la vigilancia sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, del mismo modo que lo hace con las instituciones bancarias privadas. Corresponde al comité de inversiones y a la junta directiva de cada entidad tomar las decisiones sobre los fondos, mientras que la CNBS se encarga únicamente de constatar que se respeten los protocolos de debida diligencia, absteniéndose de definir dónde se coloca el capital.
La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, desde la perspectiva de quien invierte, la ejecución prudente de las transacciones. En aquellos casos donde una colocación financiera supone modificaciones patrimoniales en una entidad bancaria, el aval de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la decisión del instituto.
Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados
Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de la banca privada dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan el componente público, al tiempo que siete instituciones bancarias privadas figuran asociadas a activos de diversa índole. Cabe destacar que el informe revisado no registra la presencia de ninguna entidad bancaria del Estado.
Seguir el destino de estos recursos también implica prestar atención a los documentos que respaldan cada operación. El detalle publicado por INJUPEMP permite revisar los montos, los emisores y las características de las inversiones, y cuenta con las firmas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Sin embargo, las cifras no son invariables: los vencimientos y las nuevas operaciones pueden modificar el portafolio, de modo que la fecha de corte resulta indispensable para interpretar y comparar los datos correctamente.
Para aquellas entidades bancarias integradas en este ecosistema, comprender sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los agentes implicados en la industria. Con este propósito, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros con operaciones en varios países de la región centroamericana.