Consecuencias de la crisis eléctrica en la industria
Desde el comienzo de la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania, tanto las viviendas como las industrias han perdido más de 450 millones de euros debido a los obstáculos para cobrar por los excedentes de energía producidos por sus instalaciones fotovoltaicas. Esta situación ha provocado el desperdicio de 2.094 gigavatios hora (GWh) en el último año, lo que representa cerca del 1% de la demanda eléctrica del país.
Las consecuencias del derroche de energía
El reporte anual del sector de energías renovables indica que, aunque la cantidad de energía no aprovechada ha incrementado en volumen en comparación con el año anterior (1.642 GWh en 2023), el efecto económico ha sido menor gracias a la disminución de los precios de la electricidad. En 2023, la energía desperdiciada representaba 131 millones de euros, mientras que en 2024, debido a la baja de precios, la cantidad se redujo a 88 millones.
La mayor parte de los excedentes de energía provienen de instalaciones industriales, que debido a su capacidad generalmente generan más electricidad de la que utilizan. Un caso común es el de una planta manufacturera con paneles solares que permanece cerrada los fines de semana y podría enviar a la red la energía producida en esos días. No obstante, las trabas burocráticas y la falta de eficiencia de las empresas distribuidoras complican el trámite, evitando que los autoconsumidores obtengan una compensación adecuada por la electricidad que contribuyen al sistema.
Origen del inconveniente
Uno de los elementos cruciales en este despilfarro de energía es la abrumadora carga burocrática requerida para legalizar instalaciones de autoconsumo de mayor tamaño. Además, las compañías distribuidoras de electricidad no siempre tramitan con la celeridad esperada los permisos necesarios para la inyección de excedentes en la red. Este problema impacta principalmente a empresas y hogares que han optado por la energía solar como una opción sostenible y eficiente.
El sector de energías renovables ha señalado en repetidas ocasiones que ni el gobierno ni los organismos reguladores han implementado acciones concretas para simplificar este proceso. La insuficiencia de capacidad en las redes, así como las restricciones técnicas y normativas, han impedido que se establezca un sistema eficiente para compensar los excedentes producidos por el autoconsumo.
Progreso del autoconsumo en España
El ritmo de instalación de nuevas plantas fotovoltaicas para autoconsumo ha disminuido en los últimos dos años. Durante 2021 y 2022, el incremento del autoconsumo fue motivado por el elevado coste de la electricidad, lo que resultó en la implementación de casi 307.000 sistemas en hogares y empresas. No obstante, la disminución de la preocupación por los precios energéticos ha llevado a una ralentización en 2023 y 2024, con una reducción del 27% en la potencia instalada (1.943 MW en 2023 y 1.431 MW en 2024). Esta caída ha implicado alrededor de 100.000 instalaciones menos en comparación con los dos años anteriores.
El ritmo de instalación de nuevas plantas fotovoltaicas para autoconsumo ha experimentado una caída en los últimos dos años. En 2021 y 2022, el auge del autoconsumo fue impulsado por el alto coste de la electricidad, lo que llevó a la instalación de casi 307.000 sistemas en viviendas y empresas. Sin embargo, la reducción de la preocupación por los precios de la energía ha llevado a una desaceleración en 2023 y 2024, con una caída del 27% en la potencia instalada (1.943 MW en 2023 y 1.431 MW en 2024). Este descenso ha significado cerca de 100.000 instalaciones menos respecto a los dos años anteriores.
Reparto geográfico del autoconsumo
Distribución territorial del autoconsumo
El autoconsumo en España se concentra en tres comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que en conjunto representan casi el 50% de la potencia total instalada en el país. Estas regiones han liderado la adopción de la energía solar fotovoltaica, gracias a su elevado número de horas de sol y a políticas autonómicas que han fomentado la inversión en renovables.